Cansados, hambrientos y agobiados. Así llegaron siete hondureños al albergue de la no gubernamental Casa de los Amigos en Ciudad de México. “El presidente Juan Orlando Hernández se porta mal, hay mucha pobreza, las maras (pandillas) nos quitan todo”, explicó a IPS uno de ellos, Wilson, de 33 años, sobre las razones para emigrar.
El grupo, que también integran una hermana maestra de Wilson, su esposo constructor, sus tres hijas, su esposa embarazada y su hija, ingresó a México desde la vecina Guatemala, por la fronteriza Ciudad Hidalgo, en el suroccidental estado de Chiapas, y tras 22 días de viaje, tramos caminando y otros en transporte público, arribó a la capital, tras recorrer unos 900 kilómetros.
“Encontramos gente buena, mala, racista, de todo. Evadimos retenes, cruzamos el monte, evitamos a la policía, por temor a que nos deportaran”, relató Wilson, quien pidió usar ese nombre ficticio para identificarlo.[pullquote]3[/pullquote]
El migrante indocumentado, criador de ganado y agricultor, dijo que su intención es llegar a la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, a unos 1.000 kilómetros al norte de Ciudad de México. Allí vive un amigo de su hermano e intentarán asentarse un tiempo con su ayuda, “porque cruzar a Estados Unidos está muy difícil”, por la dura vigilancia en ambos países.
Este grupo hondureño pone rostro a un drama que quiere liberarse de la tenaza de la pobreza, la inseguridad, las recurrentes crisis políticas en su país y la emergencia climática.
Ahora, el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en la presidencia desde diciembre, los ha convertido en moneda de cambio para apaciguar a Estados Unidos.
De permitir el paso libre en diciembre por su territorio, pasó a un control endurecido en abril. Entre octubre y enero, se registraron al menos seis caravanas de inmigrantes, principalmente de hondureños y salvadoreños, que atravesaron los más de 3.000 kilómetros de la ruta por el territorio del país, rumbo a Estados Unidos.
El gobierno mexicano primero concedió visas humanitarias a los migrantes indocumentados, pero ante la alta demanda las suspendió en enero. Actualmente, las concede de forma limitada y condicionada.
Además, intensificó la aprehensión de las personas migrantes en situación irregular, al desplegar a 6.000 policías y militares en el borde sur y otros 15.000 en el norte.
En mayo, el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, acusó a México de no hacer lo suficiente para frenar la migración y amenazó con imponer aranceles extraordinarios a partir de cinco por ciento a las exportaciones aztecas si su vecino no actuaba para bloquear el flujo migratorio.
Luego de duras negociaciones, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo en Washington el 7 de junio mediante el cual México aceptó controlar la migración y Estados Unidos suspendió los gravámenes.
Trump, embarcado en su campaña de reelección para los comicios de 2020, en la que la migración desde México es su tema favorito, como ya lo fue en 2016, dijo que revisaría en 45 días si el gobierno de López Obrador ha establecido medidas efectivas contra migración irregular, así que este país latinoamericano solo ganó tiempo.
López Obrador ha dicho que no quiere disputas con su homólogo de Washington, pues intuye que es el único capaz de descarrilar su proyecto político. Pero difícilmente Trump detenga sus embates contra México.
En sus intentos para no ser detectados, los migrantes se exponen a violaciones a derechos humanos y crímenes, como secuestro, violación, robos y extorsiones en territorio mexicano.
Empujados por las condiciones de vida en Guatemala, El Salvador y Honduras –el llamado Triángulo Norte centroamericano–, así como en Venezuela, Cuba e incluso de naciones tan lejanas como República Democrática del Congo, los migrantes llegan a la frontera sur con Guatemala, para atravesar México y llegar a la frontera norte, para ingresar a Estados Unidos.
La oleada que no cesa
En 2018, las autoridades mexicanas detuvieron a 59.537 hondureños, 47.742 guatemaltecos, 14.249 salvadoreños, 2.176 nicaragüenses, 1.002 cameruneses, 504 cubanos, 464 haitianos y 306 venezolanos. El año pasado México, además, deportó a sus países a 51.562 hondureños, 44.254 guatemaltecos y 12.003 salvadoreños.
Durante el primer cuatrimestre de este año, las capturas mantuvieron un ritmo similar, con el arresto de 25.669 hondureños, 14,003 guatemaltecos, 4.970 salvadoreños, 2.460 cubanos, 1.015 haitianos, 861 nicaragüenses y 849 congoleses, entre otros. También se devolvieron a sus países a 20.422 hondureños, 11.900 guatemaltecos y 3.730 salvadoreños.
Pero las cifras de quienes piden refugio las que mejor grafican la marea migratoria. En el lapso 2013-2018, solicitaron asilo 25.118 hondureños, 15.811 salvadoreños, 2.718 guatemaltecos, 1.479 nicaragüenses y 10.882 venezolanos. Pero solo se les concedió a 3.070 salvadoreños, 3.380 hondureños, 337 guatemaltecos, 68 nicaragüenses y 5.244 venezolanos.
Durante los cinco primeros meses de este año, la estatal Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió 24.425 peticiones del estatus de refugiado, el triple que las recibidas en el mismo lapso de 2018, en su mayoría de hondureños, salvadoreños y venezolanos.
La crisis alcanzó tintes trágicos el 24 de junio, cuando el migrante salvadoreño Óscar Alberto Martínez y su hija Valeria, de un año y 11 meses, se ahogaron en el fronterizo río Bravo (o río Grande) al intentar cruzar hacia el estadounidense estado de Texas. En ese mismo estado, aparecieron los cadáveres de otras cuatro personas guatemaltecas, quienes murieron deshidratadas.
En los seis primeros meses de 2019 han muerto ya 1.242 emigrantes en el mundo y de los cuales 175 fallecieron en la frontera entre México y Estados Unidos, según el corte de fines de junio del Proyecto sobre Inmigrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La realidad de cerca
Desde su observatorio, Eliseo Ortega, director de la Casa de los Amigos, comentó a IPS que este año están llegando más migrantes en condición irregular a este refugio de Ciudad de México.
“Por el endurecimiento de los procedimientos, ya no confían en las instituciones. Otra vez pasan ilegalmente y sufren riesgos. Una de las inquietudes es qué harán en el futuro, quedan en la indigencia”, comentó el último fin de semana de junio en el local en pleno centro capitalino tras recibir el grupo hondureño.
Fundada en 1956 por cuáqueros estadounidenses, el hostal acoge a inmigrantes y solicitantes de refugio transferidos por otras organizaciones y la estatal Comar, así como sin papeles que llegan espontáneamente en búsqueda de techo, comida y una ducha.
Con capacidad para 40 huéspedes, la institución vive de financiamiento de organizaciones estadunidenses y el apoyo de voluntarios. A pesar de que Comar le envía candidatos a refugiados, no le entrega un dólar por su manutención.
Desde diciembre, ya con López Obrador en la presidencia, México se negó a firmar el Acuerdo de 3er. País Seguro, por el cual recibiría a todos los solicitantes de asilo atendidos con fondos estadounidenses.
Pero Washington aplica desde enero el Programa de Protocolos de Protección a Migrantes o Permanecer en México, prácticamente lo mismo que el primero, pero sin aporte de recursos.
Para Maureen Meyer, directora del Programa para México y Derechos de Migrantes de la no gubernamental Oficina en Washington para América Latina (Wola, en inglés), el endurecimiento de las políticas redunda en mayor riesgo de abusos para los migrantes, sin que por ello se reduzca el movimiento migratorio.
“Buscan cruzar por lugares más remotos, más peligrosos y menos visibles, y quedan expuestos a grupos criminales y agentes corruptos. En el corto plazo, las medidas logran bajar el número de personas que buscan llegar a las fronteras, pero poco a poco los migrantes y coyotes (traficantes) van ajustando rutas y formas de llegar”, alertó en diálogo con IPS.
El gobierno mexicano apuesta por apoyar el combate de la pobreza en el Triángulo Norte, pero sus posibles resultados serán de largo plazo. El 1 de diciembre, el primer día del nuevo gobierno, el país firmó el Plan de Desarrollo Integral con sus vecinos y ese mismo mes prometió invertir 30.000 millones de dólares en los tres países centroamericanos.
Los migrantes resienten la conducta gubernamental. “Lo que están haciendo no está bien. Solo queremos estabilidad económica, emocional y migratoria, nuestra lucha es para tener una vida mejor para nuestra familia”, dijo Wilson, a quien Estados Unidos ya deportó una vez.
La mayor preocupación de las organizaciones estriba en que México termine por firmar con Washington el Acuerdo de 3er. País Seguro para albergar a los solicitantes de asilo de Estados Unidos.
Para Meyer, México no podrá satisfacer eternamente a Trump.
“Pone a México en una situación muy difícil, tiene que evaluar hasta qué punto va a seguir cediendo. México asume gastos muy altos con las exigencias de Estados Unidos. Trump quiere que nadie llegue a la frontera, es una aspiración ilógica”, subrayó.
Ortega, por su parte, anticipa que “la gente va a seguir llegando”, mientras la vida en sus países de origen carezca de esperanza, y consideró que “impedir la migración es violar derechos humanos”.
Edición: Estrella Gutiérrez
