Un millar de campesinos hicieron realidad un modelo participativo de producción que rescató saberes ancestrales sumando tecnología y conocimientos para responder a la sequía y a la erosión. Sucedió en San Nicolás, una localidad rural de unos 15 000 habitantes que se declaró como la primera comuna agroecológica de Chile.
Esta condición se reforzó con el proyecto de Comunidades Mediterráneas Sostenibles impulsado desde 2015 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en sociedad con el Ministerio del Medio Ambiente.
El proyecto se desarrolló en 15 comunas, el nombre de los municipios en Chile, de seis regiones, todas vulnerables y con bajo índice de desarrollo socioeconómico. Son localidades que van de la región de Valparaíso, al norte de Santiago, hasta la Araucanía, al sur, y conforman una ecorregión mediterránea en este país sudamericano largo y estrecho que discurre entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico.[pullquote]3[/pullquote]
Una de ellas es la comuna de San Nicolás, en la región de Ñuble, a unos 400 kilómetros al sur de Santiago, que cuenta con 32 agrupaciones campesinas que han alcanzado una alta conciencia ambiental, buscan potenciar sus recursos y promueven un modelo participativo que apuntale un desarrollo sostenible y les permita afrontar el cambio climático.
El proyecto, cuya ejecución culmina este mes de febrero, impulsó justamente un proceso participativo para afianzar el uso sostenible de la tierra y del ecosistema en la ecorregión, mediante la intervención directa de 4500 hectáreas. La inversión total fue de 1,57 millones de dólares, 1,32 millones aportados por el PNUD a través del Fondo para el Ambiente Mundial (GEF, en inglés), y el resto por entidades chilenas.
Fueron 36 las organizaciones ejecutoras junto a otras 61 aliadas, todas del ámbito local, con 928 familias participantes de las 15 comunas involucradas.
Alfonso Jara, presidente del Comité Coordinador Campesino Comunal de San Nicolás, que reúne a las 32 asociaciones municipales, y con un terreno de 4,5 hectáreas, aseguró a IPS que la iniciativa “nos llegó al corazón”.
“Jamás tuvimos un proyecto de esta envergadura. La gente está contenta porque tendrá frutas de las cuatro estaciones”, comentó este campesino de 76 años, antes de enumerar que recibieron ejemplares de 29 tipos de árboles frutales, entre ellos castaños, nogales, olivos, perales, duraznos, manzanos, paltos (aguacateros) y limones.
También se les entregó especies nativas, puntualizó en su diálogo por teléfono desde su hogar, como otros protagonistas de la experiencia que hablaron para IPS desde esa y otras comunas. El vive en el pueblo de San Nicolás, la cabecera municipal.
“A las organizaciones se les compró un estanque de 3400 litros, un motorcito de un caballo de fuerza y riego por goteo. También construimos una sede multipropósito donde se seleccionarán semillas, frutas y verduras. Agregamos secadores solares para convertir en frutos secos lo que no se vende”, enlistó Jara con entusiasmo.
La última iniciativa, contó, es plantar hierbas medicinales que “procesaremos para remedios (medicinas). Ya encargamos alambiques”. Entre ellas, mencionó a la ruda (Ruta), poleo (Pulegium mentha), menta (Arvensis), matico (Piper aduncum) y éter (Artemisa abrotanum) “que antiguamente usaban nuestros ancestros y queremos rescatar”.
“Nunca el Estado había hecho esto porque los grandes capitales se los entregan a los grandes pues solo ven lo productivo. A quienes exportan madera y fruta. Para nosotros nada, y estamos produciendo maíz, trigo y porotos (frijoles) que son claves para la alimentación de Chile”, afirmó Jara.
El dirigente campesino recordó que su zona “es pobre y de secano por lo que nos urge un programa de riego. Que la gente tenga su pozo profundo para obtener agua para ellos, sus arbolitos y sus animales”.
Necesitan, han calculado, un pozo de unos 30 o 35 metros de profundidad, y cada metro de excavación cuesta 75 dólares. “No es tanto, pero los campesinos no tenemos ese dinero”, explicó.
Chile se ha convertido en las últimas décadas en una potencia agroexportadora, cuyo sector aportó en torno a 5,5 por ciento del producto interno bruto en 2020, pero el peso de la agroindustria “aplasta” a la agricultura familiar y de subsistencia, aunque de ella dependa gran parte de la alimentación de los 19 millones de habitantes del país.
El acceso de las comunidades campesinas al agua también se dificulta, porque el recurso en Chile tiene un régimen de concesiones en el Código de Aguas, que en la práctica lo privatiza y permite que se transe en el mercado, en una situación particularmente grave en las tierras de secano de la ecorregión mediterránea. Este régimen, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se pretende que cambie en la nueva Constitución, que saldrá de un proceso ya en curso.
Margarita Riquelme, de 56 años, tiene una hectárea en Peña Santa Rosa, un caserío de San Nicolás, donde cultiva hortalizas y frutas para el autoconsumo familiar y la venta del excedente.
“Entrego dos veces a la semana en San Nicolás (el pueblo cabecera) y una vez en Chillán (una comuna vecina), que me piden por WhatsApp. Nos gustó el proyecto porque trajeron árboles y porque nos conocimos y el grupo tiró todo para el mismo lado”, relató recordando los inicios.
Juanita Venegas, de 50 años, vive en la cercana comunidad de Dadinco, donde tiene media hectárea, reconoce que participa esporádicamente en el proyecto colectivo, “porque mucho es en línea y a veces no tenía señal”. Pero dice con satisfacción que recibió “mis arbolitos, que en tiempos de pandemia se agradecen especialmente”.
“Después me llegó un tambor (recipiente de almacenamiento) de 1200 litros para recolectar aguas de lluvias que me vino muy oportuno. Lo incorporé al pozo para ocuparlo también en verano”, explicó.
Con ese aliciente, Venegas planea construir ahora en su finca “un pozo más profundo, para aguantar una sequía mayor”.
En su pequeña granja, además de los árboles, al igual que otros campesinos, comenzó a cultivar entre ellos plantas medicinales, a los que se suma la cría de gallinas araucanas, que ponen sus característicos huevos azules, muy demandados.
Además, en su finca ella se dedica a educar a otros sobre “la agroecología, que me enseñaron mis abuelos. Enseño desde lo ancestral. Doy clases por zoom. Antes hacía turismo rural y recibía delegaciones, pero con la pandemia no llega nadie”, a conocer la experiencia del grupo de campesinos ecológicos de la comuna, se lamentó.
La organización comunal, la clave
Cristián Pavez, jefe de Desarrollo Rural de San Nicolás, destacó que en la estrategia de la comuna “el factor clave es la organización de las comunidades”.
“Los territorios deciden hacia dónde organizarse mediante una planificación participativa con equilibrio de suelo, plantas, animales y ser humano. Agroecología, solidaridad social, prácticas sustentables con inclusión social y económica y un desarrollo autosustentable son la base”, resumió a IPS también por teléfono desde el pueblo de San Nicolás.
Destacó que lo que “interesa es el territorio, no la producción. Organizamos 25 comités con planes estratégicos y asistencia técnica mensual”.
La producción de hortalizas, huevos, carne, frutas y otros rubros agropecuarios aportan unos 250 dólares mensuales para cada campesino, estimó.
“San Nicolás es resiliente frente a la escasez alimentaria, de energía y de agua. Y apunta a agregar valor procesando plantas medicinales y hortalizas y produciendo jugos concentrados. Somos primeros en tener la certificación agroecológica¨, destacó.
“Ante el futuro incierto con un cambio climático sin vuelta, el modelo es el agroecológico, para construir un entorno sustentable con salud física, mental, emocional, espiritual. Aportamos un granito de arena con un concepto no productivista que incluye una nueva visión del planeta”, subrayó.
En Carrizal, una de los caseríos en la precordillera de Linares, en la comuna de Villa Alegre de la región del Maule, Enrique Orellana, de 73 años, presidente de la Agrupación Ecológica Cultibueno, está orgulloso de la forma en que aprovecharon el proyecto.
“Hay harta participación que es lo fundamental. Yo soy dueño de 1,6 hectáreas que di en comodato por 10 años”, detalló.
“La pandemia nos afectó por el miedo de juntarnos. Por eso, con dos primos nos encargamos de las siembras. La Agrupación hizo una labor muy buena pues dimos agua a todos los habitantes de Carrizal. Los vecinos también aportaron para construir un tanque para almacenar 30 000 litros de agua”, subrayó.
Adicionalmente, acumulan agua de lluvia en estanques que hicieron ellos mismos. “Esta es una zona afectada por la sequía, el agua es escasísima. En 2019 tuvimos problemas y eso que nosotros tenemos riego por goteo”, explicó desde su comunidad, a unos 280 kilómetros de Santiago.
“Hoy en día tenemos un huerto en plena producción que nos sirve para la alimentación y para vender algo para comprar semillas”, agregó.
Gracias al proyecto, los integrantes de Cultibueno están por comenzar el cultivo de hongos comestibles de la preciada variedad shiitake (Lentinula edodes), contó, y ya están invirtiendo para construir un invernadero especial para producirlos.
“Tenemos espacio suficiente y para proteger a los hongos del frío instalaremos una estufa a base de aserrín”, detalló.
Balbina Arriagada, de 62 años, preside la Junta de Vecinos Llames, un sector de Lonquimay, otra comuna de la Araucanía, y alabó del proyecto que “aparte de entregarnos recursos para conservar el medio ambiente aprendimos sobre cada especie”.
“Tuvimos la experiencia de cerrar sectores del predio y eso se reforestó y regeneró. Yo tengo 46 hectáreas. Trabajamos cuidando el ambiente, el agua y a nuestros animales, vacas, ovejas, chanchos (cerdos). Pero la sequía nos trata mal, no cosechamos el forraje que necesitamos. Es todo muy incierto”, se lamentó en su diálogo con IPS.
También alertó sobre el problema del agua como un gran hándicap para la producción agrícola a la pequeña y mediana escala campesina. En su comuna, explicó, las fincas son extensas porque buena parte del terreno se dedica al pastoreo, y las restricciones de agua les crean problemas crecientes.
“La gente que tiene dinero ha saneado (inscrito a su nombre) las aguas. Si mañana nos cortan el acceso al río Ranquil nos dejan sin agua. Las grandes empresas pueden entubar. Queremos una oportunidad para sanear nuestras aguas, que nacen y mueren en nuestros predios. Que estas aguas sean nuestras no de empresas extranjeras. Pagar por el saneamiento es caro y a nosotros no nos alcanza”, relató.
“Ojalá en la nueva Constitución quede escrita el agua como fundamental para las personas”, abogó sobre el proceso abierto en Chile para redactar una nueva ley fundamental que sustituya a la aprobada en 1980 durante la dictadura y hasta ahora vigente.
Potenciar una ecorregión única
Francisca Meynard, del Ministerio de Medio Ambiente, destacó a IPS que el proyecto de Comunidades Mediterráneas se desarrolló en una zona de secano afectada por “grandes incendios, sustitución de bosque nativo y plantación forestal que degrada la tierra”.
“Esta es la única ecorregión de matorral mediterráneo en Sudamérica y cuenta con alta diversidad biológica, un valor agrícola importante y reservas de carbono”, subrayó en una entrevista en Santiago.
Fernando Valenzuela, coordinador nacional del proyecto de Comunidades Mediterráneas y consultor del PNUD, destacó por su parte “este logró de fomentar y poner en práctica la recuperación del trabajo comunitario que sufrió por décadas un deterioro muy grande”.
“Eso fortalece las organizaciones y es un acto de empoderamiento de las comunidades para identificar problemas y avanzar en soluciones”, aseveró a IPS, también desde la capital chilena.
Para Valenzuela el proyecto ha sido un éxito “porque pudimos lograr resultados en un contexto muy difícil”.
“Primero ocurrieron grandes incendios forestales el 2017, luego el 2019 fue uno de los más secos. Después (ese mismo año) vino el estallido social que afectó la dinámica de territorios y, finalmente, la pandemia”, enumeró.
A su juicio, “en un escenario de cambio climático, estos resultados demuestran que la manera de trabajar es desde lo local para fortalecer las políticas públicas”.
ED: EG
