Fue un brevísimo instante de sosiego y, ocho días después, la política española ha vuelto donde solía: la bronca incesante. PSOE y PP aprobarán este jueves el primer paso para la reforma de la ley del Poder Judicial, pactada la semana pasada en Bruselas, y más allá de votar juntos, no se espera ningún otro gesto de distensión. Los últimos días han visto rebrotar el enfrentamiento cotidiano, también con cuestiones judiciales de por medio, desde el malestar del Gobierno con el Tribunal Supremo por su frenazo a la ley de amnistía hasta los ataques del PP al Constitucional y la reanudación de su campaña contra la esposa del presidente del Gobierno, que este viernes declarará como investigada en un juzgado de Madrid.
Los socialistas presentarán este jueves ante el Congreso el acuerdo largamente anhelado, que pone fin a cinco años y medio de anomalía constitucional y de guerra abierta contra el Gobierno por parte de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las Cortes abren el proceso que, a finales de mes, concluirá con la renovación del órgano de gobierno de los jueces y el nombramiento de un grupo de vocales mucho más equilibrado ideológicamente.
En la política española todo acaba siendo turbulento, y la jornada parlamentaria tampoco se presenta plácida para los socialistas. Los populares llegan de nuevo con la megafonía a todo volumen pregonando de la mañana a la noche supuestos desmanes del Ejecutivo. Y todo indica que el PSOE también escuchará reproches de sus aliados habituales, molestos precisamente por haber cerrado un acuerdo con el PP. Incluso su socio de Gobierno, Sumar, se limitará a abstenerse, pese a haber dado su anuencia al pacto, por la presión de algunas de las formaciones que lo integran, reacias al voto favorable.
El periodo ordinario de sesiones de las Cortes finalizó ya con el mes de junio, pero la cuestión pendiente del Poder Judicial deparará un julio inusualmente atareado en ambas Cámaras. Una vez que el pleno del Congreso tome en consideración este jueves la reforma pactada por los dos grandes partidos, volverá a debatir dentro de una semana las eventuales enmiendas a la totalidad que se presenten. Luego queda pendiente la aprobación del texto final en comisión, su ratificación de nuevo por el pleno y su envío al Senado, que prevé sancionarlo definitivamente el último día del mes. Por el medio, ambas cámaras deben ratificar los nombramientos de los 20 nuevos vocales acordados por PP y PSOE. La Cámara alta designará los 10 suyos el día 18 y la baja, el 23.
La reforma legislativa que se pone en marcha contempla una serie de medidas destinadas teóricamente a mitigar la exposición del Consejo y la de la justicia en general a los cabildeos políticos. No podrá ser nombrado fiscal general del Estado ni tampoco vocal del órgano de gobierno de los jueces nadie que haya ostentado cargos políticos en los cinco años anteriores. Y en sentido contrario, los jueces que hayan pasado por la política no podrán volver a su profesión hasta transcurridos dos años. Los nombramientos de magistrados del Supremo, que decide el CGPJ, deberán tener el respaldo de los tres quintos de sus vocales, lo que obliga al acuerdo entre conservadores y progresistas.
Interpretaciones dispares
PP y PSOE ni siquiera interpretan igual el contenido del acuerdo. Los populares sostienen que han logrado imponer la condición que durante casi dos años habían pretextado para bloquear la renovación: que los miembros del CGPJ los elijan directamente los jueces (ahora los candidatos son propuestos inicialmente por las asociaciones judiciales, pero la selección final corresponde a los partidos). Lo cierto es que lo único que dice el texto acordado, en su disposición adicional, es que el propio Consejo presentará en seis meses a las Cortes una propuesta de nuevo sistema de elección refrendada por tres quintos de los vocales.
Estas diferentes lecturas prefiguran que votar juntos no impedirá que prosiga el choque dialéctico entre los dos grandes partidos. Y es seguro que los socios habituales del PSOE reiterarán los reproches que vienen repitiendo. La atmósfera llega caldeada además por la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a los delitos de malversación por el procés. Las críticas por parte de la izquierda y los grupos soberanistas han sido durísimas, incluidas acusaciones directas de prevaricar contra el alto tribunal por ignorar la inequívoca voluntad del Parlamento de amnistiar esos delitos.
El Ejecutivo tampoco podrá ofrecer una imagen unitaria. Aunque Sumar participó indirectamente del acuerdo, al proponer a través del PSOE dos de los nombres de los futuros vocales, no dará su respaldo a la reforma legal. La apuesta por un “sí crítico” de las formaciones mayoritarias de la coalición —el grupo de Yolanda Díaz, Más Madrid e IU— tropezó con la negativa de Compromís, Més y Chunta Aragonesista. Tras dos días de debate interno, acordaron abstenerse.
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